A alguien se le tenía que ocurrir tarde o temprano. Bancroft Global Development, con sede en Sudáfrica y registrada en EE.UU. como organización sin ánimo de lucro, prestaba servicios de desminado en países en guerra. Un sector desconocido pero existente de O.N.G.s trabajando en los Balcanes o Angola dedicada a acabar con los campos de minas.

Cuando las fuerzas de la Unión Africana en Somalia formada por tropas de Uganda y Burundi empezó a sufrir ataques con terroristas suicidas, coches bombas y artefactos explosivos colocados al borde de la carretera contrataron a Bancroft Global Development para formar a los soldados a luchar contra las nuevas amenazas. Un asunto en el que las guerras de Afganistán e Iraq han generado un extenso cuerpo de conocimiento.

Los miembros de Bancroft Global Development ha entrenado a los soldados de la Unión Africana en lidiar con los artefactos explosivos, combate en áreas urbanas y pronto lo harán en el empleo de francotiradores. Entre ellos se encuentran estadounidenses, un ex-Royal Marine británico, un politólogo danés y un antiguo lugartaniente de Bob Denard.

Las cosas están en Somalia y las milicias integristas se han retirado de la capital. Por primer vez en años Mogadiscio está en manos de las fuerzas del gobierno. Queda lugar para la esperanza.

Dos helicópteros rusos M-I pintados de blanco y rojo se internaron en las selvas de Tomachipán (Guaviare), a 72 kilómetros de San José. Uno de ellos aterrizó en medio de una patrulla guerrillera. El desasosiego invadió a cada uno de los 15 rehenes cuando vieron los aparatos entre los árboles. Pensaban que podía tratarse de un helicóptero de la Cruz Roja, de una misión humanitaria internacional bajo supervisión suiza o francesa, pero se sumieron en lo peor.

Enseguida envié un aviso de correción. “M-I” es un error. Pero como siempre pasa con ElPaís.es ni dieron señales de vida ni corrigieron el error. No sé para qué existe la opción “Corrección” en cada noticia cuando jamás hacen caso a los lectores que les avisamos de las pifias. Cualquiera que dedicara unos segundos a buscar en Internet sabría que los helicópteros rusos que poseen las fuerzas armadas colombianas son del modelo Mil Mi-17. La mención a que los helicópteros usados en la operación habían sido pintados de rojo y blanco me recordó al culebrón informativo en la televisión venezolana durante la pasada Navidad sobre la liberación de rehenes en manos de la FARC. En aquel entonces el gobierno de Venezuela realizó labores de intermediación y envió a Colombia helicópteros pintados de esta guisa.

Puede que a alguno le haya extrañado encontrar entre la lista de liberados a tres ciudadanos estadounidenses: Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves. Los tres eran empleados de California Microwave Systems, una subsidiaria de la corporación Northrop Grumman y llevaban cinco años en poder de las FARC. En Colombia trabajaban en misiones de vigilancia aérea bajo contrato del Departamento de Defensa estadounidense. La privatización del Plan Colombia llegó mucho antes que el revuelo mediático sobre el papel de las empresas militares privadas en la ocupación de Saddam. Como contaba Mark Bowden, el autor de Blackhawk Down, allá por el verano de 2001. Antes del 11-S, cuando sólo unos pocos frikis estábamos pendientes de cosas así.

Concluyo recomendándoles la serie de artículos sobre el conflicto colombiano elaborados por David Bierain para ADN. David es de los que cuando aborda un asunto se mete en la cocina. Y en este caso estuvo en la selva con las FARC.

En reacciones a noticias como aquellas se reflejaba la imagen de unas fuerzas armadas provistas de abundante mano de obra barata que muchos se llevaron a su paso por la “mili” hace muchos años. La realidad actual es que tras el fin de la Guerra Fría a las fuerzas armadas de Occidente se aplicó lo que se llamaron los “dividendos de la paz”. En el U.S. Army de dieciséis divisiones de primera línea se disolvieron seis. En España se aplicó el llamado Plan NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra). Entre los militares circuló la broma que tras su aplicación sólo restaba la ejecución del Plan SUR (Supresión de las Unidades Restantes). En el caso de España hubo además que tener en cuenta el proceso de profesionalización de las fuerzas armadas que se realizó sin el debido debate público.

Con un contingente humano en retroceso y más tarde profesional labores que para los quintos españoles fueron cotidianas durante la “mili” pasaron a ser externalizadas y desempeñadas por personal civil externo: Cocina, lavandería, limpieza, etc. La lógica de la privatización militar que cuando se habla de Empresas Militares Privadas causa tanto escándalo empezó a aplicarse en España hace años.

Quienes conozcan el mundo militar y el de la empresa privada sabrán que funcionan a ritmos complemente diferentes que en el caso del ámbito militar tienen que ver con el funcionamiento de la administración pública. Es lógico que la gestión de unos presupuestos públicos se hagan bajo los principios de la transparencia y la posibilidad de rendir cuentas. Tienen sentido cuando se aplican a programas complejos y multimillonarios. Pero la secuencia de convocatoria de concurso públicos, adjudicación y ejecución de unos presupuestos resulta inapropiado para situaciones donde se requiere actuar con rapidez.

El fenómeno ha tenido su auge con las misiones prolongadas en el exterior. ¿Tendría sentido que las fuerzas armadas se dotaran por ejemplo de enormes capacidades de proveer comidas a soldados en instalaciones semipermanentes? En un mundo donde surgen emergencias complejas hoy en ayer en el Congo y mañana en el Asia Central hay ciertas capacidades características de la misión y el entorno que las fuerzas armadas no pueden adquirir con inmediatez. Así España alquiló aviones de transporte ucraniano An-124 para llevar hasta Mozambique helicópteros que rescataron a las víctimas de unas colosales inundaciones. Fue un servicio necesario y puntual que no se habría haber llevado a cabo si la única opción era hacerlo con aviones en propiedad.

Pero el fenómeno de la privatización tiene otra vertiente aparte de las empresas que prestan servicios a las fuerza armadas y es el de empresas que prestan servicios de seguridad como es el caso de Blackwater en Iraq. Por mucho que la prensa tratara de presentar a los empleados de la empresa como “mercenarios” en realidad están en Iraq bajo contrato del Departamento de Estado realizando misiones de escolta VIP. Eso sí, bajo las peculiares condiciones de Iraq. Lo que no deja de ser, en otro grado de magnitud, una constante del mundo de la Posguerra Fría. Diplomáticos, empresarios, periodistas, ONG y demás actores internacionales operan en multitud de países donde la capacidad del estado para proveer seguridad está seriamente limitada. No se trata únicamente de países en guerra o estados colapsados. Conviven en muchos casos una economía conectada a los mercados globales y zonas sin ley. Intervienen entonces compañías privadas que proporcionan seguridad a personas o instalaciones.

Hay todo un debate a las lagunas legales en las que las Empresas Militares Privadas se mueven. Pero habiendo estudiado el caso de Sierra Leona lanzo una pregunta. ¿Qué es preferible? ¿Que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidos apruebe una intervención militar en un país para parar un genocidio que tarda meses en concretarse y que resulte eficaz sólo a medias por la ineptitud de los cascos azules envueltos? ¿O que una vez aprobada la resolución con el mismo dinero se saque a concurso una intervención a realizar por empresas militares privadas que tarde semanas? Ejemplos de lo primero hay a patadas. Está por ver quién se atreve a probar con lo segundo.