Hoy Francho Barón en El País hace la crónica de un asalto de una unidad de élite de la Policía Civil de Río de Janeiro en una favela. En palabras de Ignacio Cano, sociólogo español de la Universidad Estatal de Río de Janiero “se trata de una fuerza militarizada que responde a una estrategia militar”. Pero eso no es lo que me llamó la atención. Más bien esto:

Los narcotraficantes han establecido en las angostas callejuelas de la favela varias bocas de fumo (puntos de venta de droga) y han dictado leyes paralelas para legislar la vida de sus moradores: todo el mundo está obligado a colaborar con la firma y no se permiten robos dentro ni en las inmediaciones de la comunidad. El Comando Vermelho ofrece a cambio protección al vecindario y, con los réditos de la cocaína, de vez en cuando subvenciona pequeños gastos domésticos a quien lo pide, como la bombona del gas o algún medicamento de urgencia.

Las organizaciones criminales no sólo han impuestos sus leyes, imponen el orden público y establecen servicios asistenciales allí donde el Estado no llega.